La muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez en la Quinta de Olivos, el 16 de diciembre pasado, desató una intensa polémica en Argentina sobre el uso de teléfonos celulares en las cárceles provinciales y su vínculo con delitos y autolesiones. La Policía Federal allanó la semana pasada la Unidad N°36 del complejo penitenciario de Magdalena, donde detuvieron a varios reclusos vinculados a una banda de extorsión. La investigación, liderada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, reveló que el suicidio de Gómez habría sido manipulado por delincuentes internos mediante llamadas telefónicas que lo engañaron, en medio de una extorsión por supuestas investigaciones en su contra.
Durante el allanamiento, las autoridades encontraron teléfonos escondidos en las celdas de Tomás Francavilla, condenado por robo y acusado de liderar la banda que engañó a Gómez, y de Mauricio Duarte Areco, también sentenciado por delitos similares. Francavilla, mediante llamadas, se hizo pasar por un oficial de la Bonaerense, advirtiendo a Gómez sobre una supuesta investigación por pedofilia y ofreciendo dinero por su silencio. Gómez, tras realizar cuatro pagos por 1.4 millones de pesos, se suicidó en su garita con un tiro, mientras la banda lo contactó varias veces tras su fallecimiento.
Este caso reavivó el debate sobre la permisividad del uso de celulares en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, gestionadas por Juan Martín Mena. Desde hace casi seis años, por resolución del Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, está permitido que los internos tengan teléfonos en las cárceles provinciales durante la pandemia, con restricciones como un solo dispositivo y sin acceso a redes sociales. La medida, aprobada en 2020 por motivos de salud y aislamiento, se mantiene en la práctica, a pesar de las recurrentes fugas, motines y delitos perpetrados desde las prisiones.
Históricamente, las cárceles bonaerenses son escenario de ingreso masivo de teléfonos clandestinos, con más de 25 mil incautados en 2018, y un sistema que, según expertos, facilita delitos como extorsiones virtuales, hackeos y venta de estafas. La masificación del uso de estos dispositivos ha llevado a casos monstruosos, como la banda de menores en La Cava, responsables de delitos graves y de la muerte de una víctima en un asalto. Las investigaciones apuntan a que, incluso en cárceles donde no se permiten celulares, los delincuentes logran coordinar operaciones y seguir delinquiendo.
El caso de Gómez no es aislado. Existen varias denuncias y condenas por delitos cometidos con teléfonos permitidos en prisión, incluyendo casos que involucran pedofilia, abusos y asesinatos. Recientemente, en una causa por una organización que operaba desde la cárcel en San Isidro, se constató que los líderes mantenían contacto con sus bandas, controlando robos y prácticas delictivas, incluso con condenas en vigor.
El fiscal Patricio Ferrari solicitó a la Justicia la prohibición total del uso de celulares en los penales y la implementación de inhibidores de señal. La petición apunta a impedir que los líderes de organizaciones criminales continúen dictando órdenes desde prisión, como ocurrió en el caso de 'La Banda del Millón', que dejó víctimas, incluyendo la muerte de una anciana, y que operaba desde la cárcel durante meses. Sin embargo, las fuentes judiciales indican que aún no hay una decisión concreta, ya que sería necesario demostrar que los internos en prisión continúan operando desde adentro.
Este escenario muestra la necesidad urgente de reformar las políticas y controles en las cárceles argentinas para evitar que la permisividad en el uso de teléfonos siga siendo un factor que alimenta la violencia, la extorsión y la impunidad en el sistema penitenciario nacional.
