El proyecto de Reforma Laboral que el Senado analizará este miércoles 11 de febrero generó preocupación en el sector audiovisual argentino, principalmente por la propuesta de eliminar en forma inmediata las asignaciones que financian al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Esas asignaciones, que incluyen impuestos del 10% sobre entradas de cine, videogramas y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), garantizaban tradicionalmente fondos específicos para el cine nacional. Tras una fuerte presión social y negociaciones políticas de último momento, el gobierno y las fuerzas de oposición acordaron postergar la eliminación de estos recursos hasta el 1 de enero de 2028, evitando un impacto inmediato en la estructura financiera del INCAA.
Carlos Pirovano, presidente del INCAA, aclaró en entrevista con Infobae que la discusión sobre financiamiento no debe ser alarmante, ya que el apoyo al cine no desaparece, sino que pasaría a depender del presupuesto general del Estado. Explicó que el Fondo de Fomento continuará existiendo, pero que pasaría a financiarse con recursos provenientes de rentas generales en lugar de impuestos específicos. Pirovano también destacó que, en la práctica, esto implica una reorganización del financiamiento, pero no una eliminación del apoyo estatal.
Una declaración que generó debate fue la aseveración de Pirovano de que "los argentinos no tienen tiempo de ver 250 películas al año", en el contexto de discutir la cantidad de producciones financiadas y su impacto cultural y económico. Según el funcionario, el problema no radica solo en la cantidad de películas, sino en la necesidad de establecer criterios de eficiencia y demanda real del público, ya que en años recientes el sistema priorizó la cantidad de estrenos sin garantizar su audiencia.
El sector audiovisual expresa su principal temor en la pérdida de previsibilidad del financiamiento. Actualmente, el INCAA administra recursos recaudados de forma autárquica, sin depender directamente del Tesoro, lo que permite una mayor autonomía. Sin embargo, si los impuestos específicos desaparecen, el cine debería competir con otras áreas en el presupuesto nacional, como salud y educación, con el riesgo de una reducción en su financiamiento.
Pirovano sostuvo que esa percepción es un "error conceptual" y que, en realidad, todos los gastos estatales provienen de impuestos. Argumentó que Argentina cuenta con más de cien impuestos y que la solución radica en eliminar estos gravámenes y definir prioridades en el presupuesto público.
Aunque la prórroga hasta 2028 aliviará el impacto inmediato, el sector deberá volver a negociar en 2026 y 2027. Ante esto, organizaciones del sector han convocado movilizaciones para este miércoles a las 15 horas en el Cine Gaumont en defensa del financiamiento cultural.
En paralelo, Pirovano confirmó una reorganización interna del INCAA, con reducciones en el personal y costos operativos, incluyendo la disminución de alquileres y la concentración en sedes propias como el Cine Gaumont y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). El objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos.
Respecto a los subsidios, Pirovano defendió que la ley de cine establece que las ayudas deben estar vinculadas a la taquilla y que financiamientos anteriores, que se otorgaban como anticipos sin garantías de recuperación, no estaban en línea con la normativa. Propuso mantener un sistema de subsidios "ex post", es decir, que el Estado devuelva un porcentaje según el desempeño de la película tras su estreno, fundamentando que el cine es una actividad privada que requiere fomento público.
El debate abierto por la reforma también involucra el rol del Estado en la producción cinematográfica, considerando modelos modernos como el "cash rebate", sistemas utilizados en Europa y Estados Unidos que incentivan rodajes en las provincias devolviendo parte de la inversión y generando empleo local.
Una de las modificaciones que afectaría directamente a los espectadores sería el posible fin de la carga del impuesto del 10% en el precio de las entradas, vigente desde la inclusión en 2018, que financia el Fondo de Fomento. La eliminación de dicho impuesto, efectiva a partir del 1 de enero de 2028, podría reducir el costo de las entradas en el corto plazo, aunque especialistas advierten que factores económicos y operativos también influyen en el precio final.
En cifras, una entrada general en salas de cine 2D oscila entre $10,500 y $13,000, y en salas 3D o 4D puede superar los $20,000. Algunos descuentos en días específicos reducen los precios a aproximadamente $6,500, pero los expertos señalan que la reducción efectiva del costo dependerá de múltiples variables, no solo del fin del impuesto.
