La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) comenzó formalmente las negociaciones y firma de acuerdos con comunidades afectadas por la construcción del nuevo embalse en Río Indio, una obra clave para garantizar el suministro de agua a largo plazo en el país. Tras concluir el séptimo ciclo de reuniones comunitarias, la entidad prepara la firma de compromisos sociales y económicos para avanzar en uno de los proyectos hídricos más importantes en décadas. La subadministradora del Canal, Ilia Espino de Marotta, informó que del 27 de febrero al 11 de marzo se retomarán las reuniones para formalizar las compensaciones y resguardar los derechos de las comunidades desplazadas. Espino destacó que estas reuniones han fortalecido el diálogo social y la participación comunitaria, elementos fundamentales para la implementación del proyecto. Tras la firma colectiva, se iniciará una etapa de negociaciones individuales con cada familia, buscando un esquema equitativo. El proyecto contempla la construcción de un embalse de aproximadamente 4,600 hectáreas, con una capacidad de almacenamiento comparable a la del Lago Gatún, pero en una superficie menor, en una inversión total estimada entre 1,500 y 1,600 millones de dólares. De esos fondos, unos 400 millones se destinarán a componentes socioambientales y reasentamiento, considerados prioritarios dada su sensibilidad social. La obra generará cerca de 2,700 empleos directos en su fase de construcción, que durará aproximadamente cuatro años, y tendrá un impacto en alrededor de 500 familias, unas 2,500 personas, que serán reubicadas progresivamente. Río Indio, ubicado en Panamá Oeste, Coclé y Colón, ha sido estudiado durante décadas como alternativa para ampliar la capacidad hídrica del país, en respuesta a las sequías recientes provocadas por El Niño. A pesar de su superficie diez veces menor que la del Lago Gatún, su valle permite desarrollar un embalse con volumen similar. Como complemento, la ACP impulsa programas de reforestación, apoyo productivo y mejoras en servicios básicos en las comunidades de la cuenca, además de gestionar la titulación de más de 23,000 predios y establecer sistemas de monitoreo climatológico para prevenir inundaciones y gestionar sequías. Sin embargo, el proyecto ha enfrentado resistencia social; algunos residentes y organizaciones ambientales han expresado preocupaciones sobre desplazamientos, impactos ecológicos y cambios en su modo de vida tradicional, solicitando garantías adicionales en las compensaciones y preservación de sus actividades productivas. La ACP sostiene que Río Indio es la opción más viable para asegurar agua para el 50% de la población y sostener las operaciones del Canal por las próximas cinco décadas. La firma de acuerdos marcará un paso crucial para definir los estudios finales, evaluaciones ambientales y la posible puesta en marcha de las obras, siempre respetando los compromisos sociales y medioambientales.
