Cambio Radical informó que no asistirá a la próxima Comisión de Seguimiento Electoral convocada para el 4 de marzo de 2026, argumentando la falta de garantías para ejercer una oposición efectiva al gobierno de Gustavo Petro. En una carta dirigida al ministro del Interior, Armando Benedetti, el partido liderado por Germán Vargas Lleras expresó su preocupación por el ambiente político actual, que consideran hostil e irregular para la participación democrática.
La colectividad sostiene que el contexto político no ofrece condiciones mínimas de equilibrio ni protección a sus integrantes, resaltando que, además de la ausencia de garantías, funcionarios del Estado y el propio presidente han realizado declaraciones estigmatizantes contra sus militantes. Por ello, consideran inapropiado que el Ejecutivo actúe como veedor electoral.
El partido también criticó las acciones del gobierno, que, según indicaron, generan señalamiento y hostilidad hacia los opositores, incluyendo ataques contra candidatas y congresistas como Lina Garrido y Carolina Arbeláez. Aseguran que el clima político actual propicia presiones e intimidaciones sistemáticas, dificultando la labor de sus representantes en diversas regiones.
En la misiva, Cambio Radical cuestionó además las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia de las elecciones de 2026, señalando que introducir dudas sin evidencia verificable socava la legitimidad del proceso y erosiona la institucionalidad democrática.
El partido afirmó haber denunciado en varias ocasiones riesgos reales, como amenazas a la integridad de candidatos, restricciones territoriales y la presencia de estructuras armadas que influencian el escenario electoral en varias zonas del país. Advirtieron que, debido a estas condiciones, no consideran oportuno participar en reuniones sin acciones concretas ni resultados verificables.
Cambio Radical reafirmó su compromiso con la democracia y la participación política en igualdad de condiciones, expresando que su decisión busca defender la integridad del proceso electoral y evitar legitimar escenarios que no contemplan garantías reales. Consideran que la democracia se sustenta en la neutralidad institucional, seguridad para todos los actores y el cumplimiento de reglas iguales para todos los participantes, en lugar de invitaciones formales que no abordan los problemas estructurales existentes.
