El Distrito Capital de Bogotá interpuso una demanda contra la Gobernación de Cundinamarca por una cantidad cercana a los 30 mil millones de pesos, correspondientes a su participación en el impuesto de registro recaudado entre agosto de 2024 y diciembre de 2025. La disputa surge a raíz de una discrepancia en la interpretación y aplicación del artículo 24 de la Ley 222 de 1995, que regula el reparto de dichos recursos.
Según informó El Tiempo, la ley establece que el Distrito debe recibir el 20% del impuesto de registro generado en su territorio, mientras que Cundinamarca tiene derecho a obtener el 70%. Sin embargo, durante casi dos años, la Gobernación departamental recibió el 100% de los ingresos provenientes de los registros realizados en las cámaras de comercio de Bogotá, violando la normativa legal.
La Secretaría de Hacienda de Bogotá precisó que, en agosto de 2024, la Gobernación de Cundinamarca emitió una directriz que ordenaba que todos los pagos realizados mediante canales virtuales serían transferidos en su totalidad a dicha gobernación, sin considerar la distribución correspondiente con la ciudad. Esta decisión ha generado impacto económico para Bogotá, que estima una pérdida anual de aproximadamente 21 mil millones de pesos, cantidad que equivale a unos 1,7 mil millones mensuales y cerca de 58 millones diarios.
El impuesto de registro es fundamental para formalizar actos legales, inscripciones en registros públicos y para la protección legal de bienes inmuebles. La falta de los recursos reclamados, según la administración distrital, afecta financieramente proyectos, como el Parque Tercer Milenio y programas de comunidades energéticas sostenibles en barrios vulnerables, que podrían beneficiarse de esos fondos.
Antes de presentar la demanda, Bogotá realizó múltiples solicitudes y reuniones con Cundinamarca para resolver la controversia, sin llegar a un acuerdo sobre la distribución de los recursos. La acción judicial abarca los actos realizados entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, relacionados con las inscripciones en las cámaras de comercio. Actualmente, una mesa técnica trabaja para precisar los impactos y establecer mecanismos de reparación.
Tanto Bogotá como Cundinamarca han expresado su interés en dialogar y definir las condiciones para resolver la disputa. La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, afirmó que la prioridad del Distrito es recuperar los recursos y garantizar la aplicación correcta de la normativa del impuesto de registro.
Adicionalmente, Bogotá ha enfrentado históricamente pérdidas en la recaudación de impuestos vehiculares, estimadas en cerca de 1,1 billones de pesos desde 2012, debido a propietarios que registran sus vehículos en municipios aledanos, aunque los utilizan en la capital. Como medida para contrarrestar esta situación, desde el primer semestre de 2026, la ciudad impondrá restricciones de pico y placa y un aumento del 50% en tasas para vehículos matriculados fuera de Bogotá, lo que generó la sorpresa de Cundinamarca, que solicitó que el tema también se discuta en el diálogo entre ambas entidades.
El proceso de conciliación continúa abierto, sin una resolución definitiva, mientras Bogotá y Cundinamarca buscan ajustar mecanismos que permitan una distribución más equitativa de los recursos del impuesto de registro, en línea con lo establecido por la ley.
