Una auditoría interna del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) ha detectado consignaciones cuestionables por un valor superior a 260,4 mil millones de pesos, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de la dependencia. La investigación, realizada durante la gestión del vicepresidente Herman Bayona y conocida por la revista Cambio, señala que la mayoría de los pagos irregulares corresponden a la prima de mitad de año, con beneficiarios que presuntamente no cumplen con los requisitos legales y en algunos casos en contradicción con sentencias judiciales firmes.
El análisis, centrado en las vigencias 2024 y 2025, revela que de un total de 458,8 mil millones de pesos pagados en primas adicionales, más de 260 mil millones son considerados sin sustento válido o irregulares. Entre los hallazgos principales se encuentra que 10,304 pagos, por un monto de 163,9 mil millones, se realizaron a docentes cuyo estatus pensional fue obtenido después del 31 de julio de 2011, fecha límite establecida por la normativa vigente.
Asimismo, la auditoría identificó 4,405 pagos, por un total de 83 millones de pesos, realizados en contra de decisiones judiciales irrevocables, incluyendo casos que ya habían sido negados en instancias superiores. También se detectaron pagos irregulares a beneficiarios con pensión gracia o doble pensión, personas con mesadas que superan el tope legal, y supuestos fallecidos, con montos que alcanzan los 4,2 mil millones de pesos.
Fuentes del Fomag señalaron que algunos pagos a fallecidos podrían deberse a errores en la actualización de bases de datos, mientras que otros cuestionan la legalidad de los procesos mediante los cuales se otorgaron estos recursos. Entre los principales denunciantes está el abogado Yovanny López Quintero, quien afirma representar al 85% de los docentes afectados y ha promovido numerosos recursos legales con apoyo en actos administrativos del propio Fondo.
López sostiene que la prima de mitad de año sigue vigente para el magisterio debido a un régimen especial, y que los pagos a fallecidos serían resultado de rezagos en la actualización de datos, no de esquemas ilícitos. Además, asegura que muchos de estos procesos están respaldados por decisiones administrativas y jurídicas.
El panorama ha provocado una respuesta del Gobierno, que en el último consejo de ministros denunció la existencia de “anillos de corrupción” en el Fomag, señalando la posible participación de abogados y magistrados en la desviación de fondos públicos a través de sentencias irregulares. El vicepresidente del Fondo, Herman Bayona, informó que ya se notificó a la Fiscalía General y a los entes de control para investigar las irregularidades.
El marco legal para la prima de mitad de año se fundamenta en la Ley 91 de 1989, que la otorgaba a los docentes beneficiados por esa normativa, pero fue restringido por el Acto Legislativo 01 de 2005, que limitó su alcance a quienes se pensionaron antes del 31 de julio de 2011 y bajo condiciones específicas. Decisiones posteriores de tribunales nacionales han reafirmado que la prestación no procede para pensionados posteriores a esa fecha.
El informe también apunta a una posible cadena de responsabilidades que involucra a la Fiduprevisora, al poder judicial y a firmas de abogados, lo que podría desencadenar acciones legales para beneficiarios, docentes y funcionarios implicados si se confirman las irregularidades, incluyendo la obligación de devolver los fondos indebidamente entregados.
