La Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado una de las sentencias más relevantes en la prolongada disputa legal dentro de la familia Medinaceli, que ya dura más de una década. La resolución, emitida en favor de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, elimina la obligación de pagar más de 40 millones de euros a seis herederos de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, conocida como Mimi. La sentencia anterior, del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla en 2021, había ordenado a la fundación el pago a estos herederos, alegando que la creación de la fundación habría mermado sus derechos sucesorios en la herencia. La nueva resolución, que estima total y favorablemente el recurso presentado por Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, duque de Segorbe y presidente de la fundación, señala que los bienes en cuestión forman parte integral del patrimonio fundacional, además de destacar su valor histórico y cultural. La Audiencia sostiene que la Fundación, creada por Victoria Eugenia Fernández de Córdoba antes de su fallecimiento, preserva activos como la Casa de Pilatos en Sevilla y el Pazo de Oca en Galicia, considerados patrimonio monumental y cultural. La decisión también argumenta que los donativos y aportaciones realizadas a la fundación fueron hechos con conocimiento previo por parte de los herederos, quienes participaron en el Patronato, por lo que no existe intención de perjudicar sus derechos. La sentencia tiene un impacto directo en los herederos Luis y Rafael Medina, que buscaban recibir aproximadamente cuatro millones de euros cada uno, cifra que ya no deberán percibir. La controversia se inició en 2013, tras la muerte de la duquesa de Medinaceli, y está marcada por las tensiones familiares derivadas de la preferencia de la aristócrata por su hijo menor, Ignacio, y los complejos reclamos sucesorios entre descendientes y nietos. La resolución reafirma la importancia de mantener intacto el patrimonio cultural y monumental de la familia, en línea con la intención original de la fundadora, y desestima las reclamaciones económicas basadas en una interpretación diferente del patrimonio familiar.
