El 2 de febrero, Barranquilla vivió un momento de tensión tras un atentado con explosivos en la cárcel Distrital El Bosque, que dejó como saldo dos guardias heridos y causó alarma en la comunidad del barrio El Bosque. La detonación, registrada en la tarde, tuvo un impacto notable en la infraestructura penitenciaria y en la tranquilidad de los residentes, quienes relataban haber sentido el potente estallido desde sus hogares.
Testigos como Nancy Marrugo expresaron el impacto del suceso: «La explosión fue tan grande que estremeció todo, parecía que todo se movía. Fue impresionante, algo grave tuvo que haber pasado». La confusión y el miedo se apoderaron de la zona, y las fuerzas policiales llegaron rápidamente, cerrando calles para restringir el paso y resguardar la zona, aunque desde algunos sectores no fue posible observar claramente lo ocurrido debido a la intensa presencia policial.
Previamente al ataque, vecinos reportaron disparos cerca del centro penitenciario durante el fin de semana, en un contexto de creciente tensión por disputas entre bandas criminales que controlan los centros de reclusión en Barranquilla. Según fuentes de la Policía Metropolitana, los responsables serían miembros de la banda Los Costeños, liderada por Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor.
Información no oficial indica que en recientes días, integrantes de Los Pepes, liderados por Digno Palomino, ingresaron a la cárcel La Modelo, generando conflictos con Los Costeños en El Bosque, lo que habría exacerbado la violencia en el sistema penitenciario. Históricamente, La Modelo ha sido el centro de detención para miembros de Los Pepes, mientras que en El Bosque se han trasladado presos de Los Costeños, según reportes locales.
El incidente elevó las alertas tanto en las autoridades como en organizaciones de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo condenó el ataque y pidió al Estado tomar medidas inmediatas, resaltando que no se trata de un evento aislado, sino de una problemática recurrente que evidencia la vulnerabilidad del personal penitenciario. La organización recordó otros hechos graves recientes, como el atentado en Neiva en enero, donde fue asesinado un niño de 11 años, y el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024, además de otros ataques en ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena.
La Defensoría denunció que las fallas estructurales en las estrategias de seguridad y prevención ponen en riesgo la vida de los funcionarios, quienes enfrentan amenazas y retaliaciones sin la protección adecuada. Exhortó a las autoridades a implementar acciones inmediatas para reforzar la seguridad, revisar las condiciones laborales del personal de custodia y garantizar su protección. Finalmente, solicitó a la Fiscalía que investigue con rigor los hechos y castigue a los responsables, enfatizando que un sistema penitenciario que respete los derechos humanos debe garantizar la seguridad de todos los involucrados.
