El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su respaldo a los alcaldes de Medellín, Federico 'Fico' Gutiérrez, y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras denunciar un presunto plan para atacar sus vidas durante una visita a la central hidroeléctrica Hidroituango programada para el 2 de marzo de 2026. Uribe criticó la postura del Gobierno de Gustavo Petro frente a la supuesta amenaza y cuestionó la política de seguridad actual.
A través de la red X (antes Twitter), Uribe calificó a quienes involucró en la supuesta conspiración como 'los amigos del terrorismo' en alusión a las disidencias de las Farc, específicamente al frente 36 bajo órdenes de alias Calarcá. También enfatizó en la necesidad de buscar apoyo internacional, como de Estados Unidos, para hacer frente a la creciente presencia de grupos armados ilegales en la región.
Según informaron las autoridades locales, el plan consistía en usar drones cargados con explosivos durante un evento con más de 100 periodistas en Hidroituango. Sin embargo, la visita fue suspendida a última hora debido a informes de inteligencia y avistamientos de drones desconocidos la noche anterior. La versión oficial del gobierno señala que no existían evidencias concretas de una amenaza inminente.
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del general Roger Gómez, jefe del Ejército, señalaron que no había pruebas concluyentes que respaldaran un intento de atentado, lo que generó reacciones en los mandatarios de Antioquia. Rendón acusó al gobierno de priorizar la contención política a expensas de la seguridad, recordando episodios recientes de violencia, incluyendo la muerte de 13 policías en Amalfi.
Fico Gutiérrez fue aún más crítico, responsabilizando al gobierno nacional por el deterioro del orden público y acusando a Petro de facilitar las acciones de las disidencias y de justificar la violencia con políticas como 'Paz Total'. La tensión refleja la creciente brecha entre la administración regional y el Ejecutivo, evidenciando la percepción en Antioquia de falta de garantías y la necesidad de apoyo internacional frente a las amenazas de grupos armados.
La polémica dejó en evidencia el estado de la relación entre Medellín y Antioquia con el gobierno central, en medio de una escalada en la tensión por la seguridad y las acciones contra las disidencias en la región.
