Más de 70 municipios en Honduras atraviesan embargos que suman una deuda superior a los 1,200 millones de lempiras, poniendo en riesgo la operación de servicios básicos y proyectos sociales, informó la Asociación de Alcaldías de Honduras (Amhon). La organización exigió que se respeten los límites legales establecidos para las retenciones judiciales, específicamente el tope del 40% de las transferencias estatales, ya que en varios casos estos embargos superan dicho porcentaje, afectando incluso el pago de salarios a empleados municipales.
Según datos de Amhon, estas retenciones judiciales provienen principalmente de demandas laborales y procesos administrativos heredados de administraciones anteriores, en particular por decisiones de despidos que derivaron en fallos judiciales en contra de las municipalidades. Nelson Castellanos, presidente de la organización, confirmó que al menos 12 alcaldías enfrentan embargos vinculados a estos pasivos, lo que responde a la acumulación de deudas y complicaciones en la gestión financiera.
El impacto de los embargos se refleja en retrasos o cancelaciones de obras de infraestructura, suspensión de programas sociales y retrasos en pagos a empleados. Castellanos advirtió que cuando los embargos alcanzan el 100% de las transferencias, las alcaldías quedan sin recursos para operar funciones básicas como mantenimiento, recolección de basura y ejecución de proyectos comunitarios.
La situación también afecta a municipios pequeños y rurales, dependientes en gran medida de las transferencias estatales, cuya suspensión obliga a cancelar proyectos, interrumpir servicios y retrasar pagos. La alcaldesa de Ojos de Agua, Xiomara Ulloa, expresó que además de los embargos, muchos municipios enfrentan deudas por transferencias no recibidas del último año, complicando la atención a la población.
Amhon ha reiterado la necesidad de revisar los mecanismos actuales de embargos y garantizar que las retenciones no superen el límite legal, para evitar el colapso de los servicios públicos municipales. La organización también solicita mayor asesoría legal y controles en contrataciones y despidos, así como una revisión integral de los procesos judiciales para evitar que pasivos heredados afecten a las nuevas administraciones.
Castellanos enfatizó que el verdadero problema no radica en el cumplimiento de las sentencias, sino en la ejecución desmedida de los embargos, que hoy ponen en jaque la continuidad de los servicios municipales y el bienestar de las comunidades.
