El ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, sufrió un nuevo revés judicial en la investigación por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública relacionadas con la contratación de seguros para organismos del Estado durante su gestión. La Cámara Federal porteña denegó las apelaciones del ex mandatario y otros acusados contra los procesamientos confirmados en noviembre de 2022, dejando abierta la posibilidad de un juicio oral en su contra. La decisión fue motivada por motivos formales, al considerar que los recursos no cumplían con los requisitos para elevar el caso a la instancia superior de Casación, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Fernández está procesado por su presunta participación en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos mediante el direccionamiento irregular en la contratación de pólizas de seguros, bajo la firma Nación Seguros S.A., entre 2019 y 2023. La investigación revela que el ex presidente ejerció un rol central en la trama, aprovechando su influencia y vínculo personal con el intermediario principal, Héctor Martínez Sosa, esposo de la ex secretaria privada del ex mandatario, María Cantero, también procesada.
El tribunal de apelaciones destacó que existió una participación directa de Fernández en el esquema delictivo, basada en la existencia de un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos, que fue articulado mediante la contratación e intermediación en seguros para diversas reparticiones nacionales. Además, recordaron un mensaje del 24 de mayo de 2023, en el que Cantero informó a Fernández sobre cambios en la designación de brokers, y la respuesta del ex presidente, “Ya me ocupo”, en un momento en que la designación de otro broker fue revertida días después, demostrando su influencia directa.
La acusación señala que, desde que Fernández asumió la presidencia, Martínez Sosa percibió aproximadamente el 60% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros S.A., en un vínculo que también incluía actividades comerciales, financiamiento de gastos y obsequios, evidenciando un posible favorecimiento de los intereses del empresario en contratos estatales. La investigación en este caso también abarcó la firma del Decreto 823/2021, que ordenó que las contrataciones de seguros del sector público se realizaran a través de Nación Seguros S.A., con intermediarios, principalmente Martínez Sosa.
En el fallo de noviembre de 2022, los jueces también ratificaron los procesamientos de otros exfuncionarios, productores de seguros y directivos de Nación Seguros, y ordenaron profundizar las pesquisas. Entre los procesados se encuentran Martínez Sosa, su esposa Cantero y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. Fernández enfrenta además una causa por presunta violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez, en la que también podría ser enviado a juicio oral, según informó Infobae.
