El abogado especialista en derecho laboral Mario Ackerman evaluó la reciente reforma laboral que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y expresó su preocupación por la ausencia de un debate jurídico profundo durante su análisis en una entrevista en vivo con Infobae. Ackerman, reconocido por su trayectoria en la materia, aseguró que el texto aprobado presenta varias imperfecciones, especialmente tras los últimos añadidos, y advirtió que esta falta de definiciones técnicas podría generar futuros conflictos en la justicia laboral.
Durante la entrevista, Ackerman criticó que la discusión se centró en aspectos jurídicos que no fueron debidamente considerados, señalando que en la etapa legislativa se perdió una oportunidad de perfeccionar la legislación sin perjudicar a los trabajadores ni extender excesivamente las obligaciones laborales. Mencionó, además, que algunos aspectos, como los límites de la jornada laboral, permanecen poco claros, con interrogantes como si se mantiene la jornada de ocho horas o si un empleador podría exigir turnos de 24 horas.
El especialista también refutó la idea de que la reforma resuelva la problemática de la 'industria del juicio', indicando que la alta litigiosidad en tribunales laborales obedece a causas estructurales. Según datos de los tribunales de la Capital, más de la mitad de los juicios corresponden a accidentes de trabajo y cerca del 40% a empleos no registrados o relaciones laborales no reconocidas.
Ackerman profundizó en los aspectos controvertidos del cálculo de indemnizaciones y las futuras zonas grises, como la inclusión o no del aguinaldo y premios en los salarios base. Sin embargo, alertó que la diferencia en la actualización de créditos laborales, con la nueva ley que propone un incremento según el costo de vida más un 3%, podría incentivar la judicialización, ya que algunas disposiciones incentivan a las empresas a incumplir para evitar pagos.
En cuanto a la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes), Ackerman afirmó que recurren a la informalidad como estrategia para reducir costos, debido a la alta presión fiscal y las dificultades de acceso a financiamiento. Explicó que muchas pymes dejan a trabajadores en negro para sobrevivir, una práctica que considera resultado de las condiciones económicas y no de la voluntad de las empresas.
Respecto al aumento en la clasificación de servicios considerados 'esenciales' o 'de importancia trascendental', Ackerman opinó que esta medida podría limitar el derecho a huelga, en línea con criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, criticó la incorporación de última hora de la obligación de cumplimiento total para las fuerzas de seguridad, advirtiendo que esto podría derivar en inconstitucionalidades y un incremento en las impugnaciones sindicales.
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