El Consejo de Estado anuló el decreto 1500 de 2018, emitido durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que delimitaba formalmente la ‘Línea negra’ en la Sierra Nevada de Santa Marta y reconocía 348 sitios sagrados para los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo. Tras la decisión judicial, el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X (antes Twitter) que instruyó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a utilizar mecanismos legales y compra de predios para garantizar la preservación de esta zona sagrada para las comunidades indígenas.
Petro afirmó que su responsabilidad es proteger a los ancestros y que una reforma agraria puede realizarse en las áreas circundantes al territorio sagrado de la Sierra. Además, reiteró que es fundamental garantizar el acceso al agua a ciudades como Santa Marta, Valledupar y Riohacha, resaltando que los indígenas son guardianes de los recursos hídricos y del ecosistema en la región.
El mandatario también criticó la interpretación de la justicia administrativa respecto a su discurso, señalando que el enfoque debe orientarse a defender los derechos de la naturaleza y contener la codicia, apuntando a la importancia del poder constituyente.
El fallo del Consejo de Estado se basó en dos aspectos principales: primero, que el decreto fue expedido sin contar con una cartografía oficial de la ‘Línea negra’, lo que constituye una irregularidad insubsanable. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) confirmó que la cartografía oficial solo estuvo disponible en 2023, cinco años después de la firma del decreto.
En segundo lugar, el tribunal acusó la falta de consulta previa adecuada con todas las comunidades étnicas y consejos comunitarios afrodescendientes en la zona, como los wayúu, chimila y otras comunidades negras, cuyos derechos de participación no fueron garantizados durante la expedición del decreto.
El fallo también cuestionó el uso del ‘Documento Madre’, elaborado entre 2013 y 2015 por los pueblos indígenas, que debía servir de base para la delimitación de la ‘Línea negra’. La corte determinó que no se comprobó que dicho documento contara con soporte cartográfico oficial del IGAC en ese momento, lo que afecta la definición precisa de los territorios ancestrales y sagrados.
Históricamente, la delimitación de la ‘Línea negra’ tiene una historia que inició en 1973 con el reconocimiento gubernamental durante la administración de Misael Pastrana. En 1995, bajo la presidencia de Ernesto Samper, se amplió el reconocimiento tras consulta previa con las comunidades indígenas. Desde entonces, diferentes fallos de la Corte Constitucional han reforzado los derechos territoriales de estas comunidades, incluyendo órdenes para suspender proyectos que afectaran su territorio, como un puerto en Dibulla en 2010.
El decreto 1500 de 2018 fue una respuesta a estas órdenes judiciales y supuso un avance en la protección legal de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, fue impugnado en 2019 por Yefferson Dueñas, actual viceministro de Justicia, quien argumentó que carecía de soporte cartográfico oficial, no consideró la versión definitiva del ‘Documento Madre’ y omitió una consulta previa integral, además de afectar la autonomía de los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar y los derechos de propiedad de otros actores.
La decisión busca salvaguardar los territorios ancestrales y sagrados de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, reconsiderando los aspectos técnicos y participativos en los procedimientos legales relacionados con su delimitación y protección.
